Sí… fui monaguillo en El Museo

Efectivamente, fui monaguillo en la hermandad de El Museo. Hermano desde mi nacimiento, monaguillo y nazareno… hasta hace unos 10 años cuando nos dimos de baja mi familia entera.

Hace un mes recibí un email, al correo corporativo del Ayuntamiento, de parte de la Mayordomía de la Hermandad reclamándome las cuotas desde 2002… me ofrecían que las abonase o bien que solicitara mi baja como hermano, «para lo cual nos es necesario que nos remita un correo solicitándolo ya que, sin ese requisito, la Hermandad no da de baja a ningún hermano».

Lo primero que llama la atención es que contacten conmigo a través del email corporativo de concejal… ¿se pusieron a buscarlo en la web del Ayuntamiento? ¿Por qué no han usado los medios de contacto que supuestamente tenían? ¿Por qué no han enviado una carta a la dirección postal a la que, siendo hermano, enviaban los boletines?

Lo segundo que llama la atención es por qué no me han reclamado esas supuestas cuotas en estos más de 10 años… ¿No me dieron de baja cuando se solicitó? ¿Por qué a mi padre y a mi hermano, dados de baja en el mismo momento que yo, no le han reclamado esas cuotas?

En definitiva, sorprendido por recibir ese correo y entre bromas de que el tema saldría en el ABC (llámenme adivino), les respondí con el siguiente email:

«Buenas tardes

Entiendo que en 1988 cuando me hicieron hermano no tuviera email, aunque seguro que disponen de otros medios para contactar conmigo tal como el correo postal  (donde he recibido el boletín de la Hermandad hasta que nos dimos de baja).

Aún así, entiendo que han encontrado este email por Internet…

No tengo constancia de deber 14 anualidades de la cuota, lo que sí me consta es que tanto mi padre, como mi hermano y como yo nos dimos de baja en la Hermandad hace ya un tiempo (in situ en la sede).

Habrá habido un error y sigo figurando como hermano. Así que opto por la opción dos que me ofrecéis en vuestro email: solicitar mi baja como hermano.

Un saludo. Ruego me confirmen el asunto cuando lo hayan gestionado.»

Ahí quedó la cosa, no recibí confirmación ninguna. Pero es entonces cuando la Hermandad se pone en contacto con mi padre y mi hermano (tenían sus emails y en más de 10 años no reclamaron ninguna cuota):

«Puesto en contacto con Daniel González Rojas, me comunica que tanto él como su hermano David y su padre solicitaron causar baja como hermanos hace ya algunos años.

En nuestra base de datos siguen figurando como hermanos y en el mismo domicilio: [mi padre, mi hermano y yo mismo]

En su correo, Daniel nos ha solicitado su baja como hermano por lo que procederemos a efectuarla, pero desearíamos saber cómo proceder con David y Miguel Ángel.

Les rogaría nos indicasen si también desean darse de baja para poder proceder en ese sentido o, en caso contrario, ver la forma de actualizar las cuotas atrasadas que tienen ambos.

A la espera de sus noticias, reciban un cordial saludo»

¿Tenían mi domicilio? ¿En 10 años no se han podido poner en contacto? En fin, a esto mi padre les reitera nuestra petición de baja y la Hermandad respondió con un escueto «hecho» el pasado 29 de septiembre, tal y como reproduzco abajo:

correo-elmuseo

Después de este cruce de emails durante el mes pasado, ayer me entero por el ABC que la Hermandad me da de baja «por impagos»… ¿no se supone que no dan de baja a nadie si no lo solicita? ¿Han mantenido nuestros datos aún cuando solicitamos la baja hace tiempo?

Recoge el ABC la pregunta de un hermano en el Cabildo celebrado esta semana sobre mi situación dentro de la Hermandad… reunión que trasciende a dicho medio de comunicación incumpliendo (a bote pronto) dos de los niveles de seguridad reglamentados para la Ley Orgánica de Protección de Datos de Caracter Personal:

  • El nivel medio, relativo a situaciones financieras: mis supuestos impagos.
  • Y el nivel alto, relativo a la religión y creencia: se da por supuesto el ser católico para ser hermano.

Más allá de esta cuestión (un supuesto incumplimiento legal), uno puede pensar que quieren hacer una caza de brujas… ¿Acaso el Mayordomo me reconoció al salir en los medios, le dio por buscar mi email en la web municipal y, ahora sí, exigirme las cuotas de los años en los que no he sido hermano? ¿Aburrimiento o algún fin intencionado? Evidentemente no, eso no encaja dentro de los principios cristianos que se suponen a cualquier Hermandad.

¿Principios periodísticos? Eso ya es otra cosa… seguramente al periodista en cuestión le molestó mis múltiples críticas a la adjudicación hecha por el gobierno de Zoido de una web de «participación ciudadana» al diario ABC, web de la que era director. Coincidencias de la vida…

Luego está el amarillismo mediático que ve algo de interés en mezclar mi ideología política con cuestiones religiosas como:

  • Que estudié en Los Maristas… es cierto ¿y? Como a la mayoría de los menores, no le dejan elegir colegios. En mi caso, cuando me dejaron elegir me fui al IES Vicente Aleixandre.
  • Que me guste la Semana Santa… es cierto ¿y? ¿La Semana Santa está limitada sólo a ciertas ideologías?
  • Que tenga «un abono en la Carrera Oficial en el Laredo»… exactamente no es así, el abono era de mi madre… y tampoco era en el Laredo.

En múltiples ocasiones me han intentado «criticar» por estas cuestiones… pero claro, tampoco se puede esperar mucho de mentes cerradas y cerriles. Soy un personaje público, estoy abierto a las críticas… ¿alguna de ellas sobre mi actividad política? Pues no.

Del ABC no espero nada, de la Hermandad de El Museo sí… por eso voy a solicitar una reunión para que me expliquen tantas dudas que me han surgido.

El enemigo de la Semana Santa lo tienen dentro, no intenten buscar un chivo expiatorio. Y sí… fui monaguillo. ¿Y qué? Eso sí, mi abuela está encantada con que el ABC saque mi foto de monaguillo, hay que reconocer que estoy adorable.

Caminando hacia la Unidad Popular

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Asamblea de ‘Ahora en Común Sevilla’ en el complejo educativo Blanco White

A nadie se le escapa que la «unidad popular» es un proceso mucho más complejo que la conformación de una candidatura unitaria de cara a unas elecciones.

Si bien es cierto que en ‘Ahora en Común’ están trabajando diferentes colectivos, militantes de partidos y personas no militantes, de cara a un objetivo común que, en la asamblea provincial de Sevilla, quedó claro que era la ruptura democrática de este sistema. Es decir, frente a los que hablan de reformas, de retoques en el sistema… ‘Ahora en Común’ ha apostado por la ruptura, por abrir un proceso participativo que de lugar a una nueva Constitución y a un nuevo orden social donde las personas estén por encima de los intereses empresariales.

Esta declaración no es poca cosa cuando llevamos unos años de restauración donde se están intentado apuntalar los pilares de lo que hasta ahora hemos conocido como España: renovación en la monarquía tras multitud de escándalos, algún que otro banquero que pasa por el banquillo con mucha prensa y pocas sentencias, maquillaje en los dos grandes partidos y surgimiento de nuevas fuerzas que, con una sonrisa profident, vienen a defender los mismos intereses empresariales que el PPSOE.

Frente a esta restauración, la única alternativa es la unidad popular. Y para conseguir esa unidad popular, el primer paso puede ser la constitución de candidaturas unitarias que lleven ese anhelo de ruptura al Congreso de los Diputados.

Frente a candidaturas únicas, centralizadas y jerárquicas; hemos apostado por candidaturas unitarias, participativas y creadas desde la base de cada provincia del Estado. Durante esta semana se está celebrando el proceso de primarias de ‘Ahora en Común’ donde cualquier persona que se inscriba puede decidir el futuro de la candidatura.

Se ha habilitado una web para la inscripción personalizada a través de Internet hasta mañana miércoles 21 de octubre. La votación  online  tendrá lugar los días 23 y 24 de octubre, y la presencial será el domingo 25 de 10 a 20h en mesas que se habilitarán para tal fin a lo largo de la capital y la provincia. Ese mismo día, se podrán inscribir las personas que no lo hayan hecho por Internet para votar presencialmente. Son tres las votaciones a realizar: a la presidencia del Gobierno, al Congreso de los Diputados y al Senado.

Cuarenta personas de la provincia de Sevilla se han registrado para las primarias al Congreso y al Senado; y 9 candidatos para la Presidencia del Gobierno.

CRtBuVEW0AAZZnRDesde aquí, todo mi apoyo a Alberto Garzón para liderar este proyecto y encabezar la lista unitaria que a partir del 21 de diciembre comience a construir ese nuevo país al que aspiramos.

Mi apoyo al compañero de Écija Miguel Ángel Bustamante, maestro de 31 años,  y a Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista de España e incansable luchadora por la igualdad real, que presentan su candidatura para el Congreso.

Y a Alejandro Sánchez y Antonia Capitán para las listas del Senado. El primero, camarada de la capital, profesor de secundaria e historiador. Ella, actualmente concejala de IU en El Saucejo, donde ésta al frente del área de Empleo, Bienestar Social y Mujer.

Hombres y mujeres para que en diciembre salga de las urnas un Gobierno que combata la pobreza, la desigualdad y la miseria provocadas por la crisis económica y la gestión neoliberal del bipartidismo. El verdadero objeto de esta candidatura: el programa. El “para qué” de una candidatura que se propone desalojar al bipartidismo de este país y llevar a cabo transformaciones rupturistas en clave económica, feminista, ecologista y de implicación ciudadana en el porvenir de su país.

Participa, colabora, entre todas y todos construiremos este proceso. No nos quedemos en las primarias, no nos quedemos en la campaña electoral, no nos quedemos en las elecciones. El día 21 de diciembre comienza la verdadera transformación y de la fuerza que tengamos dependerá si hay una simple reforma que afiance lo que ya existe o, en cambio, un proceso de ruptura que nos lleve a un Nuevo País.

Claves para la reforma del Reglamento de Participación Ciudadana (I)

En la anterior entrada avancé un poco cuáles eran los objetivos de Izquierda Unida de cara a la modificación del Reglamento de Participación Ciudadana. Valga este artículo como continuación para dejar más claro y afinar un poco más las propuestas que haremos desde nuestro Grupo Municipal en la primera reunión de trabajo (que se celebra hoy) con el objetivo de construir una ciudad más participativa, más transparente y más igualitaria y solidaria.

¿Quién participa?

Identificar bien quiénes son los actores a los que va dirigido el reglamento debe ser uno de los primeros pasos, actualmente se recoge a grosso modo a los vecinos (en general y sin una definición propia) y a las entidades que están inscritas en el Registro Municipal. Desde Izquierda Unida entendemos que hay que incorporar de forma específica a los menores para garantizar y fomentar la participación desde la escuela junto al profesorado y a sus madres y padres, incorporando en los planes de acción educativa elaborados por el Ayuntamiento medidas y materiales que vayan encaminados a este objetivo. Además deberían tener derecho a participar en los procesos regulados todas las personas mayores de 16 años, sin exigir la mayoría de edad como actualmente se recoge.

propuestaEn el caso de las asociaciones, en muchas ocasiones las «fuerzas vivas» de la ciudad carecen de entidad jurídica propia y se conforman en plataformas, movimientos, foros, redes… que en la mayoría de las ocasiones se constituyen para un problema en concreto y temporal. Este tipo de entidades sin personalidad jurídica deberían ser reconocidas en el Reglamento para que puedan ejercer «el derecho a participar» como cualquier otra.

A los vecinos (mayores de edad o no) y a las entidades (con personalidad jurídica o no) se les debe de reconocer el derecho a la iniciativa, dicho de otra forma… que el Ayuntamiento no tenga que ser el que de el primer paso, que cualquier persona o asociación puedan proponer y promover un proceso participativo.

¿Cómo se participa?

Si identificar los actores de la Participación Ciudadana es importante, definir cuáles van a ser los métodos para canalizar dicha participación lo es aún más. Se trata de dejar claro cómo se participa, es decir, qué procesos vamos a regular en el Reglamento para dar respuesta a la demanda de más y mejor democracia.

Actualmente se recoge el Boletín de Información Municipal, las peticiones, la iniciativa colectiva para una moción a Pleno, la audiencia pública, el turno ciudadano para preguntas en el Pleno y la consulta popular (con autorización del Gobierno de la Nación).

Entendemos que hay que ir más allá y afinar un poco mejor la regulación de cada unos de estos procesos participativos, así como añadir algunos nuevos:

  • Deliberación participativa: apertura de un espacio público para el contraste de argumentos en un debate público para conocer los intereses, posiciones y propuestas de la ciudadanía. Por ejemplo, la Mesa de la Movilidad constituida (si fuera efectiva) cumpliría estos requisitos.
  • Elaboración de ordenanzas, planes estratégicos, reglamentos…: contemplar la participación desde el principio y no sólo en el tiempo de exposición pública que ya se recoge en la Ley.
  • Elaboración de los presupuestos: procesos para que la ciudadanía priorice sobre aspectos puntuales del gasto.
  • Participación en el seguimiento y evaluación de políticas públicas: más allá de las audiencias públicas, que se contemple la obligatoriedad de presentar informes de ejecución por parte de la administración con el objetivo de rendir cuentas ante la ciudadanía.
  • Consultas participativas: para conocer la opinión de la ciudadanía mediante un sistema de votación de contenido no referendario. De esta forma, no se necesita la autorización del Gobierno de la Nación y hay mayor margen de maniobra.

En estos nuevos procesos propuestos y en los ya existentes hay que especificar el derecho a la iniciativa por parte de los vecinos y bajo qué requisitos (presentación de documentación, recogida de firmas…), quién puede participar y cuáles son las obligaciones de la Administración durante el proceso y tras las conclusiones.

Y que no se nos olvide… la reglamentación de los procesos en ningún caso puede implicar una burocratización de la participación. Todo lo contrario, se deben garantizar la facilidad, la comprensión, la no discriminación tecnológica y la adaptación de medios y lenguajes como principios básicos de todo proceso participativo. En pocas palabras: poner las cosas fáciles a los vecinos y vecinas.

Obligaciones de la Administración

En el reglamento actual se recogen las obligaciones del vecino… ¿y qué hay de las obligaciones del Ayuntamiento? La reforma debería contemplar un mínimo de obligaciones de la Administración ya que forma una de las patas indispensables en el proceso de Participación Ciudadana.

El Ayuntamiento y las empresas públicas deberán adecuar sus estructuras organizativas, responsabilidades, funciones y procedimientos con el fin de integrar la participación ciudadana en el conjunto de sus actuaciones. Se tendrá que promover el ejercicio efectivo del derecho a la participación a través de las nuevas tecnologías, consolidar una ciudadanía responsable en los valores cívicos, solidaria y activa en la defensa de los derecho humanos y fundamentales.

Y para todo ello, impulsar convenios y acuerdos con otras Administraciones y entidades públicas o privadas.

¿Cómo podemos obligar al Ayuntamiento a llevar a cabo los resultados decididos por los vecinos? Como se ha dicho más arriba, con las leyes actuales no se puede hacer. Aunque muy torpe sería el Alcalde que convocase un proceso participativo para no cumplir el mandato de la ciudadanía…

Logo de los Presupuestos Participativos impulsados por IU en Sevilla

Logo de los Presupuestos Participativos impulsados por IU en Sevilla

Frente a esa ausencia de carácter vinculante, está el principio de eficacia en cuya virtud tanto el Ayuntamiento como la ciudadanía deberán cooperar para que el ejercicio de la participación ciudadana sea útil y viable. Y es que en el caso de que los resultados derivados de los procesos participativos no sean asumidos total o parcialmente, el órgano competente estará obligado a motivarlo.

Pese al corsé legal, el reglamento de Presupuestos Participativos impulsado por Izquierda Unida sí recogía entre sus principios el carácter vinculante. Aunque este reglamento no tenía ninguna validez legal (no se publicó en ningún boletín oficial) y era, valga la redundancia, un declaración de principios: «Un proceso vinculante, en virtud del cual las decisiones tomadas se incorporarán en los Presupuestos Municipales. Por ello se garantiza la corresponsabilidad ciudadana, técnica y política en la creación de un proceso transparente y con seguimiento.»

La transparencia por bandera

Partimos de una premisa y es que sin transparencia no puede haber participación. Se tiene que garantizar que toda la información pública sea en principio accesible y que esté al servicio de la participación ciudadana de forma proactiva, es decir, que el Ayuntamiento ofrezca la información sin que tenga que ser solicitada.

Esto, que puede parecer una quimera, ya se recoge en la Ley de Transparencia de Andalucía de 2014, donde se enumera  cuál es la información que deben de hacer pública los ayuntamientos y que en la realidad… sí que es una quimera.

En este sentido, no sólo se tendrá que ir publicando y actualizando cualquier acuerdo o medida adoptada por el gobierno municipal sino que hay que garantizar las medidas oportunas para asegurar la difusión y que esté en un formato accesible y reutilizable, utilizando estándares abiertos y visuales con el objetivo de consultar de forma sencilla y transparente el desarrollo de la vida municipal.

Muchas veces, no es que los vecinos no se conozcan la información del día a día del Ayuntamiento sino que ni siquiera conocen qué servicios tienen a sus disposición, por eso proponemos la creación de una Carta de Derechos y de Servicios en los diferentes distritos para que de forma clara y concisa todos los vecinos y vecinas conozcan qué ofrece el Ayuntamiento en cada uno de sus puntos de atención.

Conquistar la igualdad a través de la participación

La lucha contra las desigualdades también debe estar presente en la Participación Ciudadana. Entre los objetivos del futuro reglamento tendría que estar la contribución a hacer efectiva la igualdad de género en la participación ciudadana, incorporando acciones positivas y neutralizando los impactos negativos que se detecten sobre las mujeres y los hombres. Así como garantizar la solidaridad y equilibrio entre los distintos Distritos y dentro de éstos, facilitando la inclusión social de los colectivos desfavorecidos a través de la participación, adecuando las formas y los lenguajes a las necesidades de cada colectivo.

La reforma del Reglamento de Participación Ciudadana: una oportunidad histórica

consejoA finales de esta semana tendremos una reunión entre los diferentes grupos municipales para abordar la reforma del Reglamento de Participación Ciudadana, que data de 1999.

Izquierda Unida a su paso por el gobierno municipal (2003-2011) convirtió a la ciudad en un referente de participación ciudadana. Se sacaron adelante el reglamento de las Juntas Municipales de Distrito y los Presupuesto Participativos que, como decía antes, colocaron a Sevilla en la vanguardia y, aún hoy en día, se siguen estudiando como ejemplo a seguir.

Después de esto, llegaron los cuatro tristes años del Partido Popular que convirtieron la participación en un simple formulario para sugerencias en una web de un «periódico amigo».

Evidentemente, los tiempos han cambiado desde 1999.  Ahora estamos ante una oportunidad histórica para abrir las puertas del Ayuntamiento de par en par y retomar lo mejor de aquellas propuestas de más y mejor democracia que llenaron las plazas de este país hace unos años.

Desde Izquierda Unida lo tenemos claro: tenemos que reformar el Reglamento para incluir más participación, más transparencia y más fomento de la vida asociativa que, a final de cuentas, es el verdadero motor ciudadano.

Hay que enseñar a participar, dar a conocer cómo se puede participar… ¿sabías que recogiendo firmas que supongan el 2% del censo de un distrito se puede presentar una moción en el Pleno del Ayuntamiento? Eso está recogido en el Reglamento del 99… ¿cuántas veces se ha hecho? De ahí la importancia de un Plan de Formación Ciudadana para fomentar la participación, sobre todo empezando por los más pequeños en los centros escolares.

Audiencia pública en São Paulo (Brasil). Fuente: Colectivo Carranca

Las audiencias públicas para rendir cuentas no pueden quedar como algo opcional, deberían ser periódicas, obligatorias y que se pudieran celebrar a instancias de la ciudadanía, garantizando de esta forma el derecho a la iniciativa para promover la realización de procesos de participación ciudadana.

Dichos procesos participativos (a iniciativa del propio Ayuntamiento o por solicitud de la gente) deberían poder aplicarse para la elaboración de ordenanzas, planes estratégicos, reglamentos, presupuestos… Dar la voz a la ciudadanía en todo el proceso y no simplemente en el tiempo de exposición pública que ya recoge la Ley.

Regular las consultas populares para que no se tenga que pedir la autorización del Gobierno de la Nación (como ocurre con las consultas que ya recoge la legislación). Para esto hay que hilar fino pues nos chocamos de frente con la Constitución Española (o con su interpretación) que pone por delante los órganos representativos a los procedimientos de participación ciudadana. Ello dificulta reconocer la vinculación, en la actualidad los procesos serán vinculantes o no dependiendo de la voluntad de los representantes.

También es importante dejar claro que la participación va más allá de proponer, incluso de votar y decidir, la evaluación de las políticas públicas también debería estar sujeta a la participación de los vecinos y vecinas.

No podemos caer en una burocratización excesiva, hay que ponerle las cosas fáciles a los vecinos y vecinas garantizando una participación sencilla y comprensible, adaptando los medios y lenguajes para acceder al derecho a participar.

La nuevas tecnologías tienen que jugar un papel importante en un reglamento del siglo XXI, promocionando el ejercicio efectivo del derecho a la participación ciudadana a través de medios telemáticos, teniendo siempre en cuenta que no exista una discriminación tecnológica por la cual los medios habilitados para la participación puedan constituir un factor de exclusión.

Para concluir, la reforma del Reglamento que se inicia ahora, no puede quedarse dentro de la Plaza Nueva: se debe de abrir un proceso para que los vecinos, entidades y agentes sociales aporten su punto de vista. El próximo viernes se celebra la primera reunión de trabajo entre grupos municipales y gobierno local donde abordaremos la primera parte del texto… os seguiré contando 😉

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#TrabajoDecente: el Ayuntamiento tiene la obligación

Privatización, liberalización, reformas laborales, rebajas salariales, reformas de pensiones y un largo etcétera son todas medidas que forman parte de una misma estrategia sustentada en la lógica del beneficio privado que tiene como consecuencia el empobrecimiento de los trabajadores y trabajadoras, el empeoramiento de nuestro entorno… y cuyos únicos beneficiarios al final son los grandes empresarios.

La administración es la última responsable de la prestación de los servicios públicos y por lo tanto de todo lo que se derive de su gestión, tanto se haga de forma directa como indirecta.

Es una obligación de los poderes públicos garantizar unas condiciones de vida dignas a los ciudadanos y ciudadanas. Y esas condiciones de vida, dependen en gran medida, de las condiciones laborales de cada trabajador y trabajadora.  Si eso no se produce, estamos simplemente ante la explotación laboral promovida por los propios poderes públicos.

El Ayuntamiento no puede ser un mero espectador que mire desde la barrera como algunos trabajos no garantizan una vida digna a los trabajadores… y menos cuando se trata de los propios servicios del Ayuntamiento que se prestan de forma externalizada: salarios bajos, falta de material adecuado, ausencia de medidas de control y seguridad…

ITUC-WDDW-logo-spanishEl gobierno local debe abanderar la lucha por el empleo digno y de calidad: ser también un agente activo en pro de la salud, de la seguridad y de los derechos de los y las trabajadoras. Por ello presentamos el pasado mes de julio una batería de propuestas en el Pleno donde se recogía la creación de un Observatorio por el Empleo, con la participación de todos los grupos políticos así como de organizaciones ciudadanas, sindicales, sociales o empresariales; y también que se restablezca el Pacto por la Seguridad y la Salud Laboral. Suscrito en su momento entre el Ayuntamiento, los sindicatos y CEPES… y liquidado por el anterior gobierno municipal. 

¿Para cuándo estas medidas? ¿Para cuándo un paso decidido y valiente del gobierno local?

El Ayuntamiento puede hacer muchas cosas, más allá de un Observatorio participativo y un Pacto con los agentes sociales,  ¿Para cuándo cláusulas sociales en la contratación pública para garantizar unas condiciones dignas a los empleados? ¿Para cuándo campañas para que nadie en Sevilla se quede sin conocer sus derechos laborales? ¿Para cuándo un mayor control de los servicios externalizados?

En la enorme asimetría existente entre empresa y trabajador en la mayoría de las ocasiones, el Ayuntamiento tiene una obligación.