El pasado 23 de octubre, por iniciativa de Izquierda Unida, el Congreso de los Diputados acordó iniciar los trámites para revisar el Código Penal con el objetivo de reducir las penas o eliminar tipos penales correspondientes a delitos como las injurias a la Corona y a los símbolos nacionales e instituciones del Estado, el enaltecimiento del terrorismo y la ofensa a los sentimientos religiosos.
El Grupo del PP en el Ayuntamiento presentó el mes pasado una moción en el Ayuntamiento de Sevilla para mostrar el rechazo a esta iniciativa. La cosa apuntaba a que no saldría adelante y máxime después de que el PSOE acordara con Unidos Podemos esta reforma en la negociación de los Presupuestos Generales… pero el alcalde Juan Espadas nunca defrauda: el PSOE de Sevilla votó lo contrario que había votado su propio partido días antes en Madrid.
El señor Espadas hizo en el Pleno una encendida defensa de aquella posición y es que, según sus propias palabras, tenía que quedar muy claro que «quien gobierna la ciudad ni tolera, ni admite, ni le parece minimamente razonable las injurias a la Corona, ni a los símbolos nacionales, ni por supuesto la ofensa a los sentimientos religiosos».
En el Pleno de mañana el señor Espadas y el PSOE tienen una nueva oportunidad para mostrar, quizás esta vez sí, lo que Rubalcaba llamó «hondas raíces republicanas». Dentro de la campaña impulsada por IU a nivel federal, bajo el lema «Reprueba la Corona», presentamos una moción para que se derogue este delito de injurias y para reafirmar el compromiso con los valores republicanos y la democracia.
Es inaudito que el Gobierno de Pedro Sánchez pretenda recurrir al Tribunal Constitucional una resolución política aprobada en el Parlament de Catalunya, que no tiene ninguna trascendencia ni consecuencia ejecutiva, y a pesar de que el Consejo de Estado concluyó que este tipo de acuerdos son de «una naturaleza netamente política y no jurídica” y por ello descartaba la impugnación.
Este empecinamiento del PSOE no es más que un fiel reflejo del intento de proteger a una institución anacrónica y corrupta como la Corona de España que hace aguas. Han enviado incluso argumentarios a sus grupos municipales para evitar tentaciones republicanas ante estas mociones de IU, indicaciones a sus concejales y concejalas para que sigan siendo súbditos y ni se les ocurra cuestionar el papel de la monarquía.
Como decía, inaudito que se pretenda perseguir a cargos públicos por debatir y opinar en la institución para la que han sido democráticamente elegidos. Aunque ya nada nos sorprende cuando vemos pasar a humoristas o sindicalistas por los juzgados por hacer una broma sonándose los mocos en una bandera o poner un tuit hace dos años llamando «miserable» al actual monarca.
Hablamos de más y mejor democracia, ya no sólo por el hecho de poder elegir al Jefe de Estado y no dejarlo en manos de la herencia genética… si no por una cuestión de libertad de expresión y de igualdad ante la Ley.
Ha sido el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que ha condenado a España a devolver la multa que, a cambio de no ingresar en prisión, pagaron dos jóvenes condenados por quemar hace 11 años una foto del Rey. Que nuestro Código Penal proteja más a la Casa Real que al resto de familias vulnera la Convención Europea de Derechos Humanos en su artículo sobre la libertad de expresión.
El delito de ‘lesa majestad’ en nuestro país es una rareza en el contexto europeo; incluso en países que suelen ponerse como ejemplo de monarquías modernas, como el caso de Inglaterra, no hay límites formales a la libertad de expresión en relación con la reina o la familia real. La jurisprudencia europea es clara: no se puede otorgar una protección especial y cualificada a cargos e instituciones sino más bien al contrario, ha de permitirse un mayor grado de crítica hacia ellas. En una democracia, cualquier institución pública debe encontrarse sujeta al cuestionamiento y al escrutinio ciudadano.
Además, el comportamiento de los Borbones en los últimos tiempos ha sido de todo menos ejemplar, los casos de corrupción y las actividades poco éticas han marcado la agenda de la Casa Real. Si todos somos supuestamente iguales ante la Ley, ¿por qué PP, PSOE y Cs se han empeñado sistemáticamente en que ni si quiera se debata en el Congreso la creación de una comisión de investigación sobre los presuntos delitos que haya podido cometer el rey emérito? ¿Por qué en nuestro país puedes supuestamente participar de mordidas o tener cuentas en paraísos fiscales según como te apellides?
La actitud que han demostrado en los últimos años tanto el PSOE, el PP y Ciudadanos o la judicatura de este país; el posicionamiento de un Podemos que, hasta hace poco, bailaba entre dos aguas y ya no; los deslices cada vez más comunes del ciudadano Juan Carlos de Borbón dejándose fotografiar donde no debe; junto a las desbordantes convocatorias de consultas en las universidades sobre el modelo de Estado, evidencian que está habiendo movimientos en el tablero y que quizás el ‘jaque mate’ esté más cerca de lo que nos creemos.