La petición de comisión de investigación (que hoy hemos presentado los grupos municipales de Izquierda Unida, Participa Sevilla y Ciudadanos) trata de dar respuesta a una demanda ciudadana que, desde hace meses, viene exigiendo un cambio de rumbo en las políticas de mantenimiento y conservación de nuestros árboles y zonas verdes.
Son muchas las entidades, asociaciones vecinales y plataformas que llevan tiempo analizando toda la documentación pública sobre los apeos (muy poca y escueta), documentando cada una de las talas, difundiendo las tropelías y los incumplimientos de contratos. En definitiva, una vez más, la sociedad civil organizada va por delante de las instituciones.
El objeto de la comisión que se plantea es muy claro: analizar y evaluar la implementación del Plan de Gestión del Arbolado Urbano de Sevilla. Es decir, ¿qué se ha hecho y qué no se ha hecho desde que se aprobara dicho plan en octubre de 2015 hasta la actualidad?
A nadie se le escapa que las talas masivas llevadas a cabo durante este verano ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia. Unas talas que siguen bajo la sombra de la duda: tanto en el procedimiento mismo (si existían o no esos informes pormenorizados a los que tanto le gustaba a Juan Espadas hacer referencia), como en las contrataciones que han derivado (si de verdad eran urgentes para saltarse el procedimiento de licitación y adjudicación ordinario).
El accidente del Alcázar, con una víctima mortal, es solo la punta del iceberg. No dudamos que se trate de un «episodio fortuito», como dijo el director general de Medio Ambiente, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, o que toda ciencia (incluida la arboricultura) tiene sus límites. Pero tampoco nadie puede poner en cuestión la mala gestión de nuestro patrimonio arbóreo, los incumplimientos constantes en el mantenimiento de las zonas verdes o la falta de transparencia y participación que han caracterizado a este proceso.
Y es que, hasta ahora, la posición del gobierno municipal ha sido muy oscurantista, dando información a los grupos de la oposición a cuenta gotas y a regañadientes (para ejemplo nuestra última visita al Servicio de Parques y Jardines que conté en este hilo de tuits).
La comisión de investigación que proponemos obliga al equipo de Juan Espadas a poner todas las cartas sobre la mesa, a analizar de forma pormenorizada las talas que se han realizado y a (cosa poca común en nuestra democracia) rendir cuentas sobre la ejecución de lo que se planificó en su momento.
Sí, sí ¡rendir cuentas! Pasar de las fotos (como la de la izquierda) a la evaluación de las políticas públicas (privatizadas) que se han llevado a cabo.
Ahora el gobierno tiene que convocar, antes de que pase un mes, el Pleno extraordinario donde se vote la creación de la comisión de investigación. Un mes, como máximo, para que PSOE y PP se retraten: si apuestan por la participación y la transparencia o por seguir mirando a otro lado.