Una de las lacras más destacadas que sufre la sociedad actual es la precariedad laboral, de la que los trabajadores al servicio de las Administraciones Públicas no son una excepción.
En las últimas décadas, el empeoramiento de las condiciones económicas han llevado a una regularización de la contratación en el sector público de carácter restrictivo, lo que ha dado lugar a la aparición de personal de todo tipo vinculado a las Administraciones Públicas a través de la figura del trabajador laboral temporal o el funcionario interino que ha proliferado de forma desmesurada y alargada en el tiempo mucho más allá de la finalidad primigenia que le concede el ordenamiento jurídico a este tipo de vínculos laborales públicos.
En este escenario las Entidades Locales son las Administraciones Públicas que sostienen un mayor número de personal laboral temporal y funcionario interino pesando sobre la mayor problemática jurídica, no sólo en nuestro país sino en el resto de países miembros de la Unión Europea.
De la misma manera el Ayuntamiento de Sevilla también se ha visto inmerso en esta situación, debido a los continuos incumplimientos del artículo 70.1 del Estatuto Básico del Empleado Público durante muchos años, que ha provocado una tasa de temporalidad de larga duración entorno al 16%.
Ya ha habido Ayuntamientos como el de Valencia, Granada o Marbella que, a raíz de las reclamaciones presentadas por los funcionarios interinos y trabajadores temporales de larga duración, han paralizado todos los “procesos de estabilización” del empleo público a la espera del proceso judicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el fraude de Ley del abuso en la temporalidad por parte de las distintas Administraciones Públicas.
Las consecuencias del incumplimiento de la ley de forma reiterada por la Administración Pública no deben recaer sobre los trabajadores y trabajadoras, en muchos casos hablamos de personas que llevan más de 20 años trabajando en el Ayuntamiento de Sevilla.
Recientemente, el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, se ha comprometido a que no se celebrarán los exámenes de las ofertas de empleo pendientes hasta que la UE emita la sentencia sobre este problema de las administraciones públicas en España.
La Plataforma del Personal Interino en Fraude de Ley del Ayuntamiento de Sevilla ha estado convocando movilizaciones en demanda de la paralización provisional de todos los procesos de selección que afecten a plazas ocupadas por interinos en situación de abuso de temporalidad y para exigir la negociación de un proceso de regularización interno de este colectivo.
Este colectivo advierte de que la “creación de empleo” anunciada con relación a la oferta pública promovida por el Ayuntamiento de Sevilla respecto a 2016 y las siguientes ofertas similares implicarían una mera sustitución de unos trabajadores por otros, y es que las ofertas de empleo público de 2018 y 2019 abarcan plazas actualmente ocupadas por personal interino.
Por ello, el Grupo Municipal de Adelante Sevilla formula al equipo de Gobierno las siguientes
PREGUNTAS
- Siguiendo el ejemplo de otros Ayuntamientos o el de la propia Diputación de Sevilla, ¿estarían dispuestos a paralizar de forma provisional o, al menos, ralentizar las últimas Ofertas de Empleo Público hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea?
- ¿A cuánto ascendería el coste para las arcas públicas el cese del actual personal interino?
- Si las Ofertas de Empleo Público siguieran adelante y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenciara finalmente a favor de los interinos, ¿cómo se resolvería la duplicidad de puestos?
- La OPE de 2016 se publicó en el BOP de Sevilla el 29 de agosto de 2016 y hasta el 27 de agosto de 2019 no se publican las bases para regir dicha convocatoria, ¿no considera el equipo de gobierno que dicha OPE está caducada al superarse el plazo improrrogable de tres años para el desarrollo y ejecución de la oferta que marca el Estatuto Básico del Empleado Público?