El nuevo Reglamento del Pleno: más control al gobierno y más participación

Hoy, 1 de junio de 2019, entra en vigor el nuevo Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla. Un reglamento que, tras cuatro años de trabajo entre los diferentes Grupos Municipales, se aprobó de forma definitiva el pasado mes de marzo. En el texto no se han introducido todas las propuestas que hicimos en el proceso, pero hay que reconocer que se ha avanzado bastante en materia de transparencia, participación y control al gobierno gracias a las enmiendas de Izquierda Unida y Participa Sevilla.

Dos Plenos y una sola moción

Seguramente lo más relevante en el nuevo Reglamento sea la celebración de «dos» Plenos al mes: uno ordinario como hasta ahora y otro de control al gobierno, al modo de las sesiones de control de los parlamentos autonómicos o el Congreso, donde los diferentes delegados y delegadas deberán responder a las preguntas de la oposición. El primero tendrá categoría legal de Pleno y el segundo es, en realidad, una Comisión… aunque esto para el ciudadano o ciudadana interesada no debe tener ningún tipo de diferencia.

También se reduce a una las mociones ordinarias que puede presentar cada Grupo, pudiéndose presentar otra moción en algunas de las Comisiones delegadas (normalmente una por cada una de las áreas del gobierno municipal) y se reduce de forma ostensible la posibilidad de presentar mociones por urgencia para temas que, de verdad, sean urgentes («mociones que tengan como causa algún acontecimiento que se haya producido o conocido con posterioridad»).

En cualquier otro caso, las mociones urgentes (que en realidad no lo son) serán debatidas en las Comisiones delegadas, pudiéndose presentar sin límite mociones que sean firmadas por todos los Grupos a modo de declaración de la Corporación, que serán directamente leídas sin mediar debate.

Con estos cambios, se prometen unos Plenos menos tediosos y más cortos… también dependerá de los que estemos sentados en el Salón Colón.

Más transparencia

El texto, a partir de ahora vigente, recoge la creación de un Registro Público de Obsequios e Invitaciones que deberá ser actualizado de forma trimestral haciendo constar la persona, organización o empresa que hace la invitación o el regalo. No se pueden imaginar la cantidad de dádivas e invitaciones que llegan a los diferentes Grupos Municipales, este registro público (si se implemente de forma correcta) puede servir para poner el foco en la cuestión.

Todas las Comisiones delegadas serán públicas a partir de ahora y tendrán el mismo régimen de publicidad que el Pleno municipal, esto también se asemeja al trabajo parlamentario en el que, además del debate plenario, se producen debates en las diferentes comisiones temáticas.

En el nuevo Reglamento también se regulan los procedimientos para la aprobación del presupuesto municipal y de las ordenanzas fiscales que, siempre deberán debatirse en una comisión pública. También se recoge la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad del presupuesto que, en caso de aprobarse, implicaría el rechazo al proyecto del gobierno.

Más control

Como decía antes, todos los meses se celebrará una sesión de la Comisión Permanente de Control y Fiscalización del Gobierno donde la oposición podrá presentar hasta cinco preguntas orales a los diferentes delegados y delegadas y, además, en el Pleno ordinario cada Grupo podrá presentar una pregunta oral al alcalde que éste tendrá que responder sin delegar. Por motivo de urgencia, cada Grupo podrá cambiar una de sus cinco preguntas.

Además de esas cinco preguntas orales, se podrán presentar todas las preguntas que se quiera para que el gobierno responda por escrito en un plazo de 15 días.

También las entidades ciudadanas inscritas podrán presentar preguntas en esta Comisión Permanente con cinco días de antelación y que serán respondidas por escrito, salvo que el gobierno quiera hacerlo de forma oral.

Más participación…

En el Pleno podrán intervenir personas para exponer su parecer sobre alguna cuestión que se debata, a invitación de la Presidencia, de cualquier Grupo o por propia iniciativa. La petición deberá ser acordada en la Junta de Portavoces, ya sabemos que quien hace la Ley hace la trampa… pero, si no se empieza a limitar sin razón, esto supone un avance con respecto al anterior Reglamento. También podrán intervenir hasta dos entidades legalmente registradas en los puntos que aborden expedientes en los que hubieran intervenido como interesadas.

El actual turno ciudadano (que se ha usado como nunca en el mandato que ya acaba) sigue vigente, con un máximo de hasta cuatro intervenciones por Pleno, pudiéndose presentar preguntas directamente en las Juntas Municipales de Distrito si el tema incumbe al territorio concreto.

El nuevo reglamento recoge que las Juntas Municipales de Distrito pueden elevar al Pleno una propuesta de acuerdo cada mes para su debate y aprobación y que ésta sea defendida por la entidad proponente durante un máximo de tres minutos.

En las diferentes Comisiones delegadas también podrán intervenir las entidades ciudadanas inscritas por invitación de la Presidencia o por acuerdo de la mayoría simple de sus miembros.

…pero aún queda mucho por hacer

El nuevo Reglamento también recoge la iniciativa popular, donde vecinos y vecinas podrán presentar directamente en el Pleno alguna propuesta de acuerdo o proyecto de reglamento siempre que se recojan un porcentaje de firmas «que en cada momento se establezca por ley». Si nos acogemos a la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía, esta posibilidad ya se recogía desde 2017 en su artículo 27, pero deja el procedimiento y el número de firmas a recoger al albur del reglamento municipal.

El reto en este mandato debería ser sacar adelante un Reglamento de Participación Ciudadana que de verdad suponga un avance en procesos participativos y sea un revulsivo para las Juntas Municipales del Distrito. En el mandato que ahora acaba, pese a cuatro años de trabajo, el PSOE ha sido incapaz de llegar a un consenso y ha estado mareando cada ciertos meses con borradores diferentes que, en muchas ocasiones, suponían pasos atrás.

Por tanto, el Reglamento del Pleno que hoy entra en vigor supone avances en materia de transparencia, participación y control al gobierno. Su puesta en práctica sin cortapisas y que, de verdad, se facilite la participación real va a depender del gobierno municipal. Estaremos atentos.

Urbanismo participativo: un camino para comenzar a recorrer

Aunque el urbanismo es una cuestión que afecta a todos los vecinos y vecinas, tradicionalmente ha sido gestionado únicamente por técnicos y políticos. De esta forma, la toma de decisiones sobre las formas y usos de los espacios públicos está lejos de los ciudadanos y pocas veces se tiene en cuenta sus intereses y deseos.

Frente a este modelo, cada vez está más extendido lo que se conoce como “urbanismo participativo”, que plantea nuevas formas de entender la ciudad, el urbanismo y la política, a la vez que supone un reto para administraciones públicas y promotores de las mismas.

En las últimas décadas, las ciudades han sido gestionadas como si se tratasen de unidades negocios  y, más que responder a las necesidades de los ciudadanos, el objetivo ahora pasa por lograr que sean competitivas en un mercado internacional.

Valga como ejemplo el caso de la “smart-city”, de la que tanto habla el alcalde, una estrategia que se atiene a reglas más próximas al marketing y al mercado que a los principios de equilibrio y justicia social y territorial. La verdadera intención que está detrás de este concepto no es la de hacer una ciudad más habitable y sostenible, sino la de acaparar inversiones mediante la atracción del turismo y de empresas que tienen unos objetivos muy diferentes a los intereses de los vecinos.

El contexto actual, tras la caída del modelo económico del ladrillo que marcó el desarrollo urbano local, obliga a las administraciones, a los técnicos y a la sociedad civil a reconsiderar el futuro de nuestros municipios. Las políticas urbanísticas llevadas a cabo durante las últimas décadas pusieron el territorio y los núcleos urbanos al servicio de una maquinaria financiera que precisaba de una frenética actividad urbanizadora y constructora para la generación de beneficios. El estallido de esta burbuja hace imposible la continuidad de estas políticas, evidenciándose la necesidad de articular nuevas estrategias más sostenibles que se basen en la resolución de las necesidades de la población y la mejora de sus condiciones de vida.

Frente al antiguo modelo surge el “urbanismo participativo”, que pone el énfasis en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, adquiriendo ésta un rol de productor a la vez que consumidor de espacios urbanos.

En estos momentos de crisis aparecen con más frecuencia conflictos entre las administraciones, que en gran parte mantienen las lógicas inmobiliarias del periodo anterior, y los intereses de los vecinos, supuestos beneficiarios de estos proyectos.

Los sucesos ocurridos en el barrio de Gamonal en Burgos, del Cabanyal en Valencia o las movilizaciones que se produjeron en el mandato anterior contra el parking en la Alameda de Hércules, en nuestra ciudad, son claros ejemplos de cómo proyectos urbanísticos de la administración han entrado en clara contradicción con los intereses de los vecinos.

Una exitosa iniciativa enmarcada en el “urbanismo participativo” es la promovida, bajo el título de ‘estonoesunsolar’, por el Ayuntamiento de Zaragoza para transformar una serie de solares vacíos de la ciudad en lugares de uso público con carácter dotacional. Esta propuesta ha gozado de una gran aceptación entre políticos, arquitectos y especialmente entre los vecinos y vecinas de la zona, los auténticos beneficiarios de la misma.

Pero, cuando desde Izquierda Unida abogamos por garantizar la participación ciudadana en el urbanismo, no sólo nos referiremos a los grandes proyectos que modifican de una u otra forma la ciudad… también hablamos de las “pequeñas” actuaciones que suponen la transformación de espacios públicos en los diferentes barrios y distritos.

En definitiva, la determinación de las necesidades y objetivos de las nuevas políticas urbanísticas no deben quedar exclusivamente en manos de la administración y de los técnicos, sino que se debe dar voz y poder de decisión sobre su entorno a quienes mejor conocen sus problemas: los vecinos y vecinas.

Sólo mediante la participación efectiva de los ciudadanos en este proceso se pueden articular políticas que supongan una solución a los problemas existentes en toda su complejidad y mejoren la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de Sevilla.

En enero de 2016, el Grupo Socialista presentó una moción a este Pleno para que el Gobierno Municipal adoptara “las medidas necesarias para introducir, como experiencia piloto para su evaluación, mecanismos de participación en la planificación de determinadas actuaciones de mejora urbana en espacios y equipamientos públicos”. Las dudas que desde IU planteamos a esta propuesta, más de un año después, siguen vigentes: ¿en qué se ha concretado esa “experiencia piloto”?, ¿qué consecuencias reales ha tenido para vecinos y vecinas?, ¿a qué transformaciones urbanas han dado lugar?

Bajo el nombre de ‘REAVIVA’, el equipo de gobierno anunció un nuevo modelo de trabajo urbanístico que implicaba a las entidades ciudadanas para que participaran en su desarrollo con actuaciones en las calles y espacios públicos de todos los distritos. El Delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, destacaba “el innovador” esquema de trabajo y que la Gerencia de Urbanismo tenía que convertirse en “motor de la ciudad” y tener una marcada “función social”.

Aunque la Gerencia de Urbanismo haya obtenido el I Premio Andalucía de Urbanismo por este programa y el Gobierno Municipal insista en que es un programa donde “la participación ciudadana es esencial”… no hemos visto la participación ciudadana por ningún lado.

Desde Izquierda Unida somos conscientes de que no se puede aplicar el “urbanismo participativo” por un decreto de Alcaldía, entendemos que esto debe ser un proceso, un cambio de mentalidad entre técnicos y políticos. Se puede correr el riesgo de caer en la seducción de la terminología, la metodología o en los clichés de la participación o, directamente, quedarse en lo superficial de estas iniciativas. Por eso mismo, los acuerdos de la moción son el inicio de un camino que entendemos que debemos comenzar a recorrer.

Imagen del artículo «El urbanismo participativo: una nueva forma de organizar la ciudad» publicado en ‘El País’

De lo abstracto a lo concreto, queremos que toda obra con un presupuesto superior a los 90.000 euros se someta a información pública de forma previa a la licitación para que, en un proceso participativo, se realicen propuestas de mejoras al proyecto inicial. En caso de existir una oposición significativa, se sometería la propuesta a consulta.

Para ir todavía más a lo concreto,  proponemos que se cree un grupo de trabajo, donde participen los Grupos Municipales y personal técnico de la Gerencia de Urbanismo, para regular el proceso a fin de que pueda ser recogido en el proyecto de Reglamento de Participación Ciudadana que se está elaborando actualmente, garantizando los principios de participación directa, universalidad, transparencia, eficacia, seguimiento y rendición de cuentas.

* En este artículo puedes leer más sobre el tema, parte de la exposición de motivos de la moción se ha basado en el mismo.

Claves para la reforma del Reglamento de Participación Ciudadana (I)

En la anterior entrada avancé un poco cuáles eran los objetivos de Izquierda Unida de cara a la modificación del Reglamento de Participación Ciudadana. Valga este artículo como continuación para dejar más claro y afinar un poco más las propuestas que haremos desde nuestro Grupo Municipal en la primera reunión de trabajo (que se celebra hoy) con el objetivo de construir una ciudad más participativa, más transparente y más igualitaria y solidaria.

¿Quién participa?

Identificar bien quiénes son los actores a los que va dirigido el reglamento debe ser uno de los primeros pasos, actualmente se recoge a grosso modo a los vecinos (en general y sin una definición propia) y a las entidades que están inscritas en el Registro Municipal. Desde Izquierda Unida entendemos que hay que incorporar de forma específica a los menores para garantizar y fomentar la participación desde la escuela junto al profesorado y a sus madres y padres, incorporando en los planes de acción educativa elaborados por el Ayuntamiento medidas y materiales que vayan encaminados a este objetivo. Además deberían tener derecho a participar en los procesos regulados todas las personas mayores de 16 años, sin exigir la mayoría de edad como actualmente se recoge.

propuestaEn el caso de las asociaciones, en muchas ocasiones las «fuerzas vivas» de la ciudad carecen de entidad jurídica propia y se conforman en plataformas, movimientos, foros, redes… que en la mayoría de las ocasiones se constituyen para un problema en concreto y temporal. Este tipo de entidades sin personalidad jurídica deberían ser reconocidas en el Reglamento para que puedan ejercer «el derecho a participar» como cualquier otra.

A los vecinos (mayores de edad o no) y a las entidades (con personalidad jurídica o no) se les debe de reconocer el derecho a la iniciativa, dicho de otra forma… que el Ayuntamiento no tenga que ser el que de el primer paso, que cualquier persona o asociación puedan proponer y promover un proceso participativo.

¿Cómo se participa?

Si identificar los actores de la Participación Ciudadana es importante, definir cuáles van a ser los métodos para canalizar dicha participación lo es aún más. Se trata de dejar claro cómo se participa, es decir, qué procesos vamos a regular en el Reglamento para dar respuesta a la demanda de más y mejor democracia.

Actualmente se recoge el Boletín de Información Municipal, las peticiones, la iniciativa colectiva para una moción a Pleno, la audiencia pública, el turno ciudadano para preguntas en el Pleno y la consulta popular (con autorización del Gobierno de la Nación).

Entendemos que hay que ir más allá y afinar un poco mejor la regulación de cada unos de estos procesos participativos, así como añadir algunos nuevos:

  • Deliberación participativa: apertura de un espacio público para el contraste de argumentos en un debate público para conocer los intereses, posiciones y propuestas de la ciudadanía. Por ejemplo, la Mesa de la Movilidad constituida (si fuera efectiva) cumpliría estos requisitos.
  • Elaboración de ordenanzas, planes estratégicos, reglamentos…: contemplar la participación desde el principio y no sólo en el tiempo de exposición pública que ya se recoge en la Ley.
  • Elaboración de los presupuestos: procesos para que la ciudadanía priorice sobre aspectos puntuales del gasto.
  • Participación en el seguimiento y evaluación de políticas públicas: más allá de las audiencias públicas, que se contemple la obligatoriedad de presentar informes de ejecución por parte de la administración con el objetivo de rendir cuentas ante la ciudadanía.
  • Consultas participativas: para conocer la opinión de la ciudadanía mediante un sistema de votación de contenido no referendario. De esta forma, no se necesita la autorización del Gobierno de la Nación y hay mayor margen de maniobra.

En estos nuevos procesos propuestos y en los ya existentes hay que especificar el derecho a la iniciativa por parte de los vecinos y bajo qué requisitos (presentación de documentación, recogida de firmas…), quién puede participar y cuáles son las obligaciones de la Administración durante el proceso y tras las conclusiones.

Y que no se nos olvide… la reglamentación de los procesos en ningún caso puede implicar una burocratización de la participación. Todo lo contrario, se deben garantizar la facilidad, la comprensión, la no discriminación tecnológica y la adaptación de medios y lenguajes como principios básicos de todo proceso participativo. En pocas palabras: poner las cosas fáciles a los vecinos y vecinas.

Obligaciones de la Administración

En el reglamento actual se recogen las obligaciones del vecino… ¿y qué hay de las obligaciones del Ayuntamiento? La reforma debería contemplar un mínimo de obligaciones de la Administración ya que forma una de las patas indispensables en el proceso de Participación Ciudadana.

El Ayuntamiento y las empresas públicas deberán adecuar sus estructuras organizativas, responsabilidades, funciones y procedimientos con el fin de integrar la participación ciudadana en el conjunto de sus actuaciones. Se tendrá que promover el ejercicio efectivo del derecho a la participación a través de las nuevas tecnologías, consolidar una ciudadanía responsable en los valores cívicos, solidaria y activa en la defensa de los derecho humanos y fundamentales.

Y para todo ello, impulsar convenios y acuerdos con otras Administraciones y entidades públicas o privadas.

¿Cómo podemos obligar al Ayuntamiento a llevar a cabo los resultados decididos por los vecinos? Como se ha dicho más arriba, con las leyes actuales no se puede hacer. Aunque muy torpe sería el Alcalde que convocase un proceso participativo para no cumplir el mandato de la ciudadanía…

Logo de los Presupuestos Participativos impulsados por IU en Sevilla

Logo de los Presupuestos Participativos impulsados por IU en Sevilla

Frente a esa ausencia de carácter vinculante, está el principio de eficacia en cuya virtud tanto el Ayuntamiento como la ciudadanía deberán cooperar para que el ejercicio de la participación ciudadana sea útil y viable. Y es que en el caso de que los resultados derivados de los procesos participativos no sean asumidos total o parcialmente, el órgano competente estará obligado a motivarlo.

Pese al corsé legal, el reglamento de Presupuestos Participativos impulsado por Izquierda Unida sí recogía entre sus principios el carácter vinculante. Aunque este reglamento no tenía ninguna validez legal (no se publicó en ningún boletín oficial) y era, valga la redundancia, un declaración de principios: «Un proceso vinculante, en virtud del cual las decisiones tomadas se incorporarán en los Presupuestos Municipales. Por ello se garantiza la corresponsabilidad ciudadana, técnica y política en la creación de un proceso transparente y con seguimiento.»

La transparencia por bandera

Partimos de una premisa y es que sin transparencia no puede haber participación. Se tiene que garantizar que toda la información pública sea en principio accesible y que esté al servicio de la participación ciudadana de forma proactiva, es decir, que el Ayuntamiento ofrezca la información sin que tenga que ser solicitada.

Esto, que puede parecer una quimera, ya se recoge en la Ley de Transparencia de Andalucía de 2014, donde se enumera  cuál es la información que deben de hacer pública los ayuntamientos y que en la realidad… sí que es una quimera.

En este sentido, no sólo se tendrá que ir publicando y actualizando cualquier acuerdo o medida adoptada por el gobierno municipal sino que hay que garantizar las medidas oportunas para asegurar la difusión y que esté en un formato accesible y reutilizable, utilizando estándares abiertos y visuales con el objetivo de consultar de forma sencilla y transparente el desarrollo de la vida municipal.

Muchas veces, no es que los vecinos no se conozcan la información del día a día del Ayuntamiento sino que ni siquiera conocen qué servicios tienen a sus disposición, por eso proponemos la creación de una Carta de Derechos y de Servicios en los diferentes distritos para que de forma clara y concisa todos los vecinos y vecinas conozcan qué ofrece el Ayuntamiento en cada uno de sus puntos de atención.

Conquistar la igualdad a través de la participación

La lucha contra las desigualdades también debe estar presente en la Participación Ciudadana. Entre los objetivos del futuro reglamento tendría que estar la contribución a hacer efectiva la igualdad de género en la participación ciudadana, incorporando acciones positivas y neutralizando los impactos negativos que se detecten sobre las mujeres y los hombres. Así como garantizar la solidaridad y equilibrio entre los distintos Distritos y dentro de éstos, facilitando la inclusión social de los colectivos desfavorecidos a través de la participación, adecuando las formas y los lenguajes a las necesidades de cada colectivo.