En la anterior entrada avancé un poco cuáles eran los objetivos de Izquierda Unida de cara a la modificación del Reglamento de Participación Ciudadana. Valga este artículo como continuación para dejar más claro y afinar un poco más las propuestas que haremos desde nuestro Grupo Municipal en la primera reunión de trabajo (que se celebra hoy) con el objetivo de construir una ciudad más participativa, más transparente y más igualitaria y solidaria.

¿Quién participa?

Identificar bien quiénes son los actores a los que va dirigido el reglamento debe ser uno de los primeros pasos, actualmente se recoge a grosso modo a los vecinos (en general y sin una definición propia) y a las entidades que están inscritas en el Registro Municipal. Desde Izquierda Unida entendemos que hay que incorporar de forma específica a los menores para garantizar y fomentar la participación desde la escuela junto al profesorado y a sus madres y padres, incorporando en los planes de acción educativa elaborados por el Ayuntamiento medidas y materiales que vayan encaminados a este objetivo. Además deberían tener derecho a participar en los procesos regulados todas las personas mayores de 16 años, sin exigir la mayoría de edad como actualmente se recoge.

En el caso de las asociaciones, en muchas ocasiones las «fuerzas vivas» de la ciudad carecen de entidad jurídica propia y se conforman en plataformas, movimientos, foros, redes… que en la mayoría de las ocasiones se constituyen para un problema en concreto y temporal. Este tipo de entidades sin personalidad jurídica deberían ser reconocidas en el Reglamento para que puedan ejercer «el derecho a participar» como cualquier otra.

A los vecinos (mayores de edad o no) y a las entidades (con personalidad jurídica o no) se les debe de reconocer el derecho a la iniciativa, dicho de otra forma… que el Ayuntamiento no tenga que ser el que de el primer paso, que cualquier persona o asociación puedan proponer y promover un proceso participativo.

¿Cómo se participa?

Si identificar los actores de la Participación Ciudadana es importante, definir cuáles van a ser los métodos para canalizar dicha participación lo es aún más. Se trata de dejar claro cómo se participa, es decir, qué procesos vamos a regular en el Reglamento para dar respuesta a la demanda de más y mejor democracia.

Actualmente se recoge el Boletín de Información Municipal, las peticiones, la iniciativa colectiva para una moción a Pleno, la audiencia pública, el turno ciudadano para preguntas en el Pleno y la consulta popular (con autorización del Gobierno de la Nación).

Entendemos que hay que ir más allá y afinar un poco mejor la regulación de cada unos de estos procesos participativos, así como añadir algunos nuevos:

• Deliberación participativa: apertura de un espacio público para el contraste de argumentos en un debate público para conocer los intereses, posiciones y propuestas de la ciudadanía. Por ejemplo, la Mesa de la Movilidad constituida (si fuera efectiva) cumpliría estos requisitos.
• Elaboración de ordenanzas, planes estratégicos, reglamentos…: contemplar la participación desde el principio y no sólo en el tiempo de exposición pública que ya se recoge en la Ley.
• Elaboración de los presupuestos: procesos para que la ciudadanía priorice sobre aspectos puntuales del gasto.
• Participación en el seguimiento y evaluación de políticas públicas: más allá de las audiencias públicas, que se contemple la obligatoriedad de presentar informes de ejecución por parte de la administración con el objetivo de rendir cuentas ante la ciudadanía.
• Consultas participativas: para conocer la opinión de la ciudadanía mediante un sistema de votación de contenido no referendario. De esta forma, no se necesita la autorización del Gobierno de la Nación y hay mayor margen de maniobra.

En estos nuevos procesos propuestos y en los ya existentes hay que especificar el derecho a la iniciativa por parte de los vecinos y bajo qué requisitos (presentación de documentación, recogida de firmas…), quién puede participar y cuáles son las obligaciones de la Administración durante el proceso y tras las conclusiones.

Y que no se nos olvide… la reglamentación de los procesos en ningún caso puede implicar una burocratización de la participación. Todo lo contrario, se deben garantizar la facilidad, la comprensión, la no discriminación tecnológica y la adaptación de medios y lenguajes como principios básicos de todo proceso participativo. En pocas palabras: poner las cosas fáciles a los vecinos y vecinas.

Obligaciones de la Administración

En el reglamento actual se recogen las obligaciones del vecino… ¿y qué hay de las obligaciones del Ayuntamiento? La reforma debería contemplar un mínimo de obligaciones de la Administración ya que forma una de las patas indispensables en el proceso de Participación Ciudadana.

El Ayuntamiento y las empresas públicas deberán adecuar sus estructuras organizativas, responsabilidades, funciones y procedimientos con el fin de integrar la participación ciudadana en el conjunto de sus actuaciones. Se tendrá que promover el ejercicio efectivo del derecho a la participación a través de las nuevas tecnologías, consolidar una ciudadanía responsable en los valores cívicos, solidaria y activa en la defensa de los derecho humanos y fundamentales.

Y para todo ello, impulsar convenios y acuerdos con otras Administraciones y entidades públicas o privadas.

¿Cómo podemos obligar al Ayuntamiento a llevar a cabo los resultados decididos por los vecinos? Como se ha dicho más arriba, con las leyes actuales no se puede hacer. Aunque muy torpe sería el Alcalde que convocase un proceso participativo para no cumplir el mandato de la ciudadanía…

Frente a esa ausencia de carácter vinculante, está el principio de eficacia en cuya virtud tanto el Ayuntamiento como la ciudadanía deberán cooperar para que el ejercicio de la participación ciudadana sea útil y viable. Y es que en el caso de que los resultados derivados de los procesos participativos no sean asumidos total o parcialmente, el órgano competente estará obligado a motivarlo.

Pese al corsé legal, el reglamento de Presupuestos Participativos impulsado por Izquierda Unida sí recogía entre sus principios el carácter vinculante. Aunque este reglamento no tenía ninguna validez legal (no se publicó en ningún boletín oficial) y era, valga la redundancia, un declaración de principios: «Un proceso vinculante, en virtud del cual las decisiones tomadas se incorporarán en los Presupuestos Municipales. Por ello se garantiza la corresponsabilidad ciudadana, técnica y política en la creación de un proceso transparente y con seguimiento.»

La transparencia por bandera

Partimos de una premisa y es que sin transparencia no puede haber participación. Se tiene que garantizar que toda la información pública sea en principio accesible y que esté al servicio de la participación ciudadana de forma proactiva, es decir, que el Ayuntamiento ofrezca la información sin que tenga que ser solicitada.

Esto, que puede parecer una quimera, ya se recoge en la Ley de Transparencia de Andalucía de 2014, donde se enumera  cuál es la información que deben de hacer pública los ayuntamientos y que en la realidad… sí que es una quimera.

En este sentido, no sólo se tendrá que ir publicando y actualizando cualquier acuerdo o medida adoptada por el gobierno municipal sino que hay que garantizar las medidas oportunas para asegurar la difusión y que esté en un formato accesible y reutilizable, utilizando estándares abiertos y visuales con el objetivo de consultar de forma sencilla y transparente el desarrollo de la vida municipal.

Muchas veces, no es que los vecinos no se conozcan la información del día a día del Ayuntamiento sino que ni siquiera conocen qué servicios tienen a sus disposición, por eso proponemos la creación de una Carta de Derechos y de Servicios en los diferentes distritos para que de forma clara y concisa todos los vecinos y vecinas conozcan qué ofrece el Ayuntamiento en cada uno de sus puntos de atención.

Conquistar la igualdad a través de la participación

La lucha contra las desigualdades también debe estar presente en la Participación Ciudadana. Entre los objetivos del futuro reglamento tendría que estar la contribución a hacer efectiva la igualdad de género en la participación ciudadana, incorporando acciones positivas y neutralizando los impactos negativos que se detecten sobre las mujeres y los hombres. Así como garantizar la solidaridad y equilibrio entre los distintos Distritos y dentro de éstos, facilitando la inclusión social de los colectivos desfavorecidos a través de la participación, adecuando las formas y los lenguajes a las necesidades de cada colectivo.