Aunque el urbanismo es una cuestión que afecta a todos los vecinos y vecinas, tradicionalmente ha sido gestionado únicamente por técnicos y políticos. De esta forma, la toma de decisiones sobre las formas y usos de los espacios públicos está lejos de los ciudadanos y pocas veces se tiene en cuenta sus intereses y deseos.

Frente a este modelo, cada vez está más extendido lo que se conoce como “urbanismo participativo”, que plantea nuevas formas de entender la ciudad, el urbanismo y la política, a la vez que supone un reto para administraciones públicas y promotores de las mismas.

En las últimas décadas, las ciudades han sido gestionadas como si se tratasen de unidades negocios  y, más que responder a las necesidades de los ciudadanos, el objetivo ahora pasa por lograr que sean competitivas en un mercado internacional.

Valga como ejemplo el caso de la “smart-city”, de la que tanto habla el alcalde, una estrategia que se atiene a reglas más próximas al marketing y al mercado que a los principios de equilibrio y justicia social y territorial. La verdadera intención que está detrás de este concepto no es la de hacer una ciudad más habitable y sostenible, sino la de acaparar inversiones mediante la atracción del turismo y de empresas que tienen unos objetivos muy diferentes a los intereses de los vecinos.

El contexto actual, tras la caída del modelo económico del ladrillo que marcó el desarrollo urbano local, obliga a las administraciones, a los técnicos y a la sociedad civil a reconsiderar el futuro de nuestros municipios. Las políticas urbanísticas llevadas a cabo durante las últimas décadas pusieron el territorio y los núcleos urbanos al servicio de una maquinaria financiera que precisaba de una frenética actividad urbanizadora y constructora para la generación de beneficios. El estallido de esta burbuja hace imposible la continuidad de estas políticas, evidenciándose la necesidad de articular nuevas estrategias más sostenibles que se basen en la resolución de las necesidades de la población y la mejora de sus condiciones de vida.

Frente al antiguo modelo surge el “urbanismo participativo”, que pone el énfasis en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, adquiriendo ésta un rol de productor a la vez que consumidor de espacios urbanos.

En estos momentos de crisis aparecen con más frecuencia conflictos entre las administraciones, que en gran parte mantienen las lógicas inmobiliarias del periodo anterior, y los intereses de los vecinos, supuestos beneficiarios de estos proyectos.

Los sucesos ocurridos en el barrio de Gamonal en Burgos, del Cabanyal en Valencia o las movilizaciones que se produjeron en el mandato anterior contra el parking en la Alameda de Hércules, en nuestra ciudad, son claros ejemplos de cómo proyectos urbanísticos de la administración han entrado en clara contradicción con los intereses de los vecinos.

Una exitosa iniciativa enmarcada en el “urbanismo participativo” es la promovida, bajo el título de ‘estonoesunsolar’, por el Ayuntamiento de Zaragoza para transformar una serie de solares vacíos de la ciudad en lugares de uso público con carácter dotacional. Esta propuesta ha gozado de una gran aceptación entre políticos, arquitectos y especialmente entre los vecinos y vecinas de la zona, los auténticos beneficiarios de la misma.

Pero, cuando desde Izquierda Unida abogamos por garantizar la participación ciudadana en el urbanismo, no sólo nos referiremos a los grandes proyectos que modifican de una u otra forma la ciudad… también hablamos de las “pequeñas” actuaciones que suponen la transformación de espacios públicos en los diferentes barrios y distritos.

En definitiva, la determinación de las necesidades y objetivos de las nuevas políticas urbanísticas no deben quedar exclusivamente en manos de la administración y de los técnicos, sino que se debe dar voz y poder de decisión sobre su entorno a quienes mejor conocen sus problemas: los vecinos y vecinas.

Sólo mediante la participación efectiva de los ciudadanos en este proceso se pueden articular políticas que supongan una solución a los problemas existentes en toda su complejidad y mejoren la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de Sevilla.

En enero de 2016, el Grupo Socialista presentó una moción a este Pleno para que el Gobierno Municipal adoptara “las medidas necesarias para introducir, como experiencia piloto para su evaluación, mecanismos de participación en la planificación de determinadas actuaciones de mejora urbana en espacios y equipamientos públicos”. Las dudas que desde IU planteamos a esta propuesta, más de un año después, siguen vigentes: ¿en qué se ha concretado esa “experiencia piloto”?, ¿qué consecuencias reales ha tenido para vecinos y vecinas?, ¿a qué transformaciones urbanas han dado lugar?

Bajo el nombre de ‘REAVIVA’, el equipo de gobierno anunció un nuevo modelo de trabajo urbanístico que implicaba a las entidades ciudadanas para que participaran en su desarrollo con actuaciones en las calles y espacios públicos de todos los distritos. El Delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, destacaba “el innovador” esquema de trabajo y que la Gerencia de Urbanismo tenía que convertirse en “motor de la ciudad” y tener una marcada “función social”.

Aunque la Gerencia de Urbanismo haya obtenido el I Premio Andalucía de Urbanismo por este programa y el Gobierno Municipal insista en que es un programa donde “la participación ciudadana es esencial”… no hemos visto la participación ciudadana por ningún lado.

Desde Izquierda Unida somos conscientes de que no se puede aplicar el “urbanismo participativo” por un decreto de Alcaldía, entendemos que esto debe ser un proceso, un cambio de mentalidad entre técnicos y políticos. Se puede correr el riesgo de caer en la seducción de la terminología, la metodología o en los clichés de la participación o, directamente, quedarse en lo superficial de estas iniciativas. Por eso mismo, los acuerdos de la moción son el inicio de un camino que entendemos que debemos comenzar a recorrer.

Imagen del artículo «El urbanismo participativo: una nueva forma de organizar la ciudad» publicado en ‘El País’

De lo abstracto a lo concreto, queremos que toda obra con un presupuesto superior a los 90.000 euros se someta a información pública de forma previa a la licitación para que, en un proceso participativo, se realicen propuestas de mejoras al proyecto inicial. En caso de existir una oposición significativa, se sometería la propuesta a consulta.

Para ir todavía más a lo concreto,  proponemos que se cree un grupo de trabajo, donde participen los Grupos Municipales y personal técnico de la Gerencia de Urbanismo, para regular el proceso a fin de que pueda ser recogido en el proyecto de Reglamento de Participación Ciudadana que se está elaborando actualmente, garantizando los principios de participación directa, universalidad, transparencia, eficacia, seguimiento y rendición de cuentas.

* En este artículo puedes leer más sobre el tema, parte de la exposición de motivos de la moción se ha basado en el mismo.