#TrabajoDecente: el Ayuntamiento tiene la obligación

Privatización, liberalización, reformas laborales, rebajas salariales, reformas de pensiones y un largo etcétera son todas medidas que forman parte de una misma estrategia sustentada en la lógica del beneficio privado que tiene como consecuencia el empobrecimiento de los trabajadores y trabajadoras, el empeoramiento de nuestro entorno… y cuyos únicos beneficiarios al final son los grandes empresarios.

La administración es la última responsable de la prestación de los servicios públicos y por lo tanto de todo lo que se derive de su gestión, tanto se haga de forma directa como indirecta.

Es una obligación de los poderes públicos garantizar unas condiciones de vida dignas a los ciudadanos y ciudadanas. Y esas condiciones de vida, dependen en gran medida, de las condiciones laborales de cada trabajador y trabajadora.  Si eso no se produce, estamos simplemente ante la explotación laboral promovida por los propios poderes públicos.

El Ayuntamiento no puede ser un mero espectador que mire desde la barrera como algunos trabajos no garantizan una vida digna a los trabajadores… y menos cuando se trata de los propios servicios del Ayuntamiento que se prestan de forma externalizada: salarios bajos, falta de material adecuado, ausencia de medidas de control y seguridad…

ITUC-WDDW-logo-spanishEl gobierno local debe abanderar la lucha por el empleo digno y de calidad: ser también un agente activo en pro de la salud, de la seguridad y de los derechos de los y las trabajadoras. Por ello presentamos el pasado mes de julio una batería de propuestas en el Pleno donde se recogía la creación de un Observatorio por el Empleo, con la participación de todos los grupos políticos así como de organizaciones ciudadanas, sindicales, sociales o empresariales; y también que se restablezca el Pacto por la Seguridad y la Salud Laboral. Suscrito en su momento entre el Ayuntamiento, los sindicatos y CEPES… y liquidado por el anterior gobierno municipal. 

¿Para cuándo estas medidas? ¿Para cuándo un paso decidido y valiente del gobierno local?

El Ayuntamiento puede hacer muchas cosas, más allá de un Observatorio participativo y un Pacto con los agentes sociales,  ¿Para cuándo cláusulas sociales en la contratación pública para garantizar unas condiciones dignas a los empleados? ¿Para cuándo campañas para que nadie en Sevilla se quede sin conocer sus derechos laborales? ¿Para cuándo un mayor control de los servicios externalizados?

En la enorme asimetría existente entre empresa y trabajador en la mayoría de las ocasiones, el Ayuntamiento tiene una obligación.

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